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BOLETIN DIGITAL TRIBUNA DOCENTE - Lista Rosa -
En Suteba-Ctera
AÑO 2011- DICIEMBRE Nº 4
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ÍNDICE
1.- 2012- POR MÁS Y MÁS VICTORIAS DE LOS TRABAJADORES.
2.- ANTE EL `CHOQUE´ ENTRE LOS K Y LA BUROCRACIA SINDICAL.
3.- LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN EL DISCURSO DE CRISTINA.
4.- LEY ANTI-TERRORISTA: EL VOTO DE NACIONALES Y POPULARES, Y DE PROGRESISTAS.
5.- UNA CAUSA PILOTO DEL GOBIERNO CONTRA EL DERECHO DE HUELGA. Ferroviarios procesados
6.- ¡NO AL CIERRE DEL IDAC!
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1.- 2012 POR MÁS Y MÁS VICTORIAS DE LOS TRABAJADORES
El "personaje del año" de la revista Time no consagra este año a presidentes, dictadores o banqueros.
La tapa muestra, esta vez, a "El manifestante" (The protester) -la pesadilla del capitalismo. Los obreros de Wisconsin, los indignados de Wall Street -que apoyan las huelgas portuarias en el oeste norteamericano-, los de Madrid, los protagonistas de la Plaza Tahrir, los campesinos y mineros peruanos y bolivianos, los tenaces huelguistas de Grecia; los trabajadores, por fin, de Argentina, que luchan contra el ajuste 'nacional y popular', que recuperan sindicatos y cuerpos de delegados, o que votan al Frente de Izquierda.
Del mundo árabe a la Unión Europea, la rebelión popular derrumbó regímenes y gobiernos. Los 'gobiernos técnicos' que los reemplazan no durarán un suspiro; allí donde sobreviven gobiernos militares, éstos caerán sin remedio por la continua rebelión popular. Etos agentes de banqueros no tienen la menor autoridad política para avanzar. Mucho menos, de hallar una salida a la quiebra de los bancos y pesupuestos nacionales.
Este es el panorama histórico que nos introduce a 2012.
La tapa de Time es un llamado de alerta a los explotadores.
En Argentina, Cristina Kirchner, que sermoneaba a otros presidentes hablando "contra el ajuste", arrancó su nuevo mandato con tarifazos, impuestazos y una mayor confiscación de los jubilados (que ya tienen en la Anses el 30% de la deuda pública que nunca van a cobrar), así como con la orden de imponer 'techos' a las paritarias.
De esta manera, ha dejado planteada una nueva crisis política, que ya se desarrolla a la vista de todos.
Para preparar las batallas de 2012 es necesario fortalecer al clasismo en el movimiento obrero y a las direcciones independientes en todo el movimiento popular, que reforcemos las filas del Partido Obrero y desarrollemos el Frente de Izquierda.
Es necesario que los activistas y los partidos que luchamos contra el capital, iniciemos una clarificación política para concretar la construcción de un gran partido revolucionario de la clase obrera.
Porque contra la barbarie del capital (desocupación, miseria social, guerras, destrucción del medio ambiente, narcotráfico y criminalidad, trata de personas) solamente existe la alternativa del socialismo -o sea, la emancipación de los trabajadores por los trabajadores mismos.
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2.- Ante el 'choque' entre los K y la burocracia sindical
Nuestro planteo a los trabajadores
La demagogia verbal de Moyano no es novedad; en mayo de 2000, la 'cáscara vacía' con la que calificó en Huracán al PJ, ya había sido señalada por él mismo, incluso con más fuerza, como "un agotamiento del peronismo". Moyano, sin embargo, no denunció el tarifazo, que es el eje del 'ajuste' del viejo-nuevo gobierno, ni los impuestazos de Scioli, Macri o Binner, quizá porque sus empresas de recolección de basura dependen de los ingresos de los distritos en que operan. No mencionó tampoco el 'laudo' que rebaja en once puntos el aumento salarial que habían firmado Uatre y las patronales ruralistas. Con Cirielli en la tribuna, olvidó también la re-militarización de los controladores aéreos y la amenaza de intervenir al sindicato de técnicos aeronáuticos. Estos 'silencios' avalan la política oficial para que "la crisis la paguen los trabajadores". Una versión de las últimas horas asegura que el gobierno estaría dispuesto a discutir todas las diferencias con Moyano, a cambio de un acuerdo para que las paritarias no pasen del 18% de aumento salarial. Es decir, repetir la bajada de línea que Moyano cocinó con CFK en las paritarias pasadas -aunque el 'techo' fracasara luego en numerosos sindicatos. Pero al gobierno no lo conforma repetir lo ocurrido en 2011: ahora va por colocar a una figura de su palo en la conducción de la CGT. Moyano ha dejado trascender que estaría dispuesto a esto -siempre, insistimos, a cambio de preservar su aparato económico. Moyano se mira en el espejo de Clarín.
El secretario de la CGT no puso a la central en la ruta de un plan de lucha, sino que destinó su empeño en reagrupar fuerzas con Venegas, Barrionuevo o Palazzo, de la Bancaria, heredero de Zanola -cuya liberación saludó desde Huracán. Retiró a sus legisladores del voto al nuevo Régimen de Trabajo Agrario, para defender el monopolio de la caja de Venegas, aunque la nueva ley contenga disposiciones que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Sumó, aunque en parte, al "601" Gerardo Martínez.
Pablo Micheli, que tiene paralizada a su CTA, dejó de lado todo esto para pedirle a Moyano que convenga un 'plan de acción' -probablemente en torno a la cuestión del mínimo no imponible de ganancias, que afecta a un número mayor de trabajadores. El gobierno ya ha declarado que pretende compensar este aumento con el 'techo' paritario.
La crisis del gobierno con Moyano es la expresión deformada de una crisis que ha crecido con el movimiento obrero en su conjunto; el tarifazo ha llevado a CFK a blanquear su posición represiva frente al derecho de huelga, que incluye el procesamiento a cinco mil luchadores clasistas. Moyano extorsiona a los K con sacar los sindicatos a la calle, para que se retiren las acusaciones judiciales en curso y se asegure el control de la caja de las obras sociales para la burocracia. No se puede soslayar que acaban de ser procesados seis dirigentes de la Oschoca, la obra social camionera, y hasta el propio Rinaldi, el abogado de su confianza, que administró el APE durante años. La presión de los reclamos y de las luchas, si bien impulsan un frente común defensivo entre Moyano y el gobierno contra las bases de los sindicatos, en última instancia desarrolla entre ellos una crisis política, porque esas luchas cuestionan la vigencia del esquema económico (agotado) que ha dado sustento al 'modelo' de los K. Existe una crisis de conjunto que afecta a todos los sectores comprometidos con el régimen actual, que además azuza sus enfrentamientos de intereses.
Los observadores políticos coinciden en la opinión de que el destino de esta crisis será determinado por lo que ocurra en las paritarias -a partir de marzo. Es una visión estrecha de la crisis política, la cual involucra mucho más -al conjunto de las relaciones sociales. Sobre la base de la oposición al 'ajuste', es necesario desarrollar una fuerte movilización popular, por ejemplo contra el tarifazo y contra el procesamiento de los luchadores, que sirva como un factor de organización y que refuerce la alternativa política contra la burguesía y sus agentes -el gobierno y la burocracia sindical. Por eso es necesario oponer al tarifazo la nacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas de servicios y de las petroleras, bajo el control de los trabajadores.
En la misma línea, en oposición a las corridas cambiarias y a las medidas administrativas del gobierno, plantear la nacionalización de los bancos y del comercio exterior, siempre bajo control obrero, en función de otro plan económico frente a la crisis, discutido por el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Con este marco de lucha política se podrá preparar la intervención de las bases en las paritarias, en primer lugar para que los reclamos y los paritarios sean votados en asambleas sindicales y congresos con mandatos de las bases.
La manifestación gigantesca que conmemoró el 20 de diciembre ha sido una poderosa expresión de la rebeldía que se va apoderando de una masa creciente de trabajadores y de la juventud en general. Estuvo en sintonía con el desarrollo electoral que registró el Frente de Izquierda, que de este modo demuestra que es la parte más clara de un proceso de conjunto. Por eso, sobre la base de esta caracterización, la consigna debe ser: iniciativa, iniciativa y más iniciativa, para que la crisis la paguen los capitalistas y una nueva dirección de la clase obrera.
Néstor Pitrola
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3.- La evaluación educativa en el discurso de Cristina
Una agenda en común con Macri
En su discurso de asunción, Cristina enumeró su agenda para la educación. No menciona que el salario docente nacional está en 2.400 pesos por una jornada (y con sumas en negro), o sea que no alcanzan dos turnos para llegar a la canasta familiar. Tampoco, que acható la pirámide salarial: en Capital, un docente no cobra un peso de aumento por antigüedad hasta los siete años de trabajo.
Cristina toma como parámetros del desarrollo de la calidad educativa las evaluaciones al último año de la escuela secundaria, pero que no dio a conocer, que arrojarían un mejor nivel en matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y una disminución en Lengua. El gobierno esconde que tan sólo el 40% de los estudiantes de primer año de las secundarias del estado llegan a quinto. La "secundaria obligatoria", a la luz de estos resultados, es un fracaso estrepitoso. Las causas de la deserción están a la vista, no requieren agregados.
La "calidad educativa" ignora que según el anuario estadístico del Ministerio de Educación, la matrícula de la escuela primaria del estado retrocedió en el período 2003-2010 en 250.000 alumnos, en detrimento del aumento de la matrícula de la privada, que registra un incremento de casi 200.000 estudiantes. Esta tendencia no se revierte en 2010, desmintiendo el efecto que se atribuye a la asignación universal por hijo.
La evaluación docente
En este cuadro, Cristina apuntó que "los docentes deben ser evaluados". Bullrich, el Ministro de Educación de Macri, también puso este punto en agenda; apunta a introducir entre los docentes una diferenciación salarial, y a partir de aquí la división de los docentes desde la base.
El otro objetivo es producir una "competencia" entre escuelas y docentes por los recursos del Estado, que como son escasos, configurarán un sistema de 'sponsoreo' privado.
Juan García
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4.- Ley anti-terrorista: el voto de nacionales y populares, y de progresistas
El jueves 15, la Cámara de Diputados dio media sanción a un paquete de leyes que complementan la llamada "ley antiterrorista" aprobada en 2007 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Aquella ley fue impuesta por el Departamento de Estado norteamericano y Bush en función de su llamada "guerra global". Ahora, es presentada para calificar a Argentina como "país apto" para la recepción de "inversiones directas".
La aprobación en Diputados estuvo asegurada por las bancadas del Frente para la Victoria, del Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y Carlos Heller y de algunos aliados provinciales como el MPN neuquino. La apoyaron los (no tan) muchachos de La Cámpora. La demagogia oficial la presentó como una herramienta para perseguir a especuladores, cuando, como lo demuestra el procesamiento a los luchadores y la condena de las huelgas como "extorsivas", tiene su mira puesta en las luchas obreras y populares. No en vano, la modificación de la ley penal tributaria deja intactas las prerrogativas de los banqueros, los empresarios del juego, los especuladores inmobiliarios y las grandes corporaciones, que en el último año fugaron más de 22.000 millones de dólares. El FAP de Binner, Donda y De Gennaro, por ejemplo, se declaró abiertamente partidario de "una ley que cumpla con las exigencias del GAFI" (comunicado del interbloque FAP, en http://bit.ly/rDf39j).
La infamia nacional y popular
En los considerandos del proyecto de modificación del Código Penal se citan los "dos tremendos ataques sufridos en su propio territorio", en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia. Pero ambos "tremendos ataques" permanecen impunes por el ocultamiento deliberado del Estado argentino, de la CIA y del sionista Mossad; el gobierno K ha manipulado hasta el hartazgo el caso Amia para alinearlo con 'la política de seguridad' de Obama.
El proyecto es un engendro. Declara, no en sus disposiciones sino en sus fundamentos, que "quedan terminantemente excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social, toda vez que éstos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos", e incluso "en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal", no dejarían de constituir "el ejercicio de un derecho constitucional". O sea que la 'la ley antiterrorista' asegura que quedarían fuera del Código Penal las acciones que el Código castiga. Una verdadera impostura.
La letra de la ley define como actividad "terrorista" a aquella que tiene por finalidad "obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Esto otorga al Estado herramientas de una amplitud enorme, pero no repara que de acuerdo a este texto el gobierno entero podría ser acusado de 'terrorista' por realizar acciones que obstaculizan el pago a los acreedores que ganaron litigios en el Ciadi, un tribunal del Banco Mundial. Los compañeros ferroviarios de Mariano Ferreyra todavía se encuentran procesados por "extorsión" -a instancias del gobierno y del ministerio que conduce Nilda Garré-, por haber participado de una protesta colectiva en reclamo del cumplimiento de los compromisos asumidos por la cartera de Trabajo respecto al pase a planta de los tercerizados. (ver artículo más abajo).
En 1974, los diputados de la JP -entre ellos, un joven Carlos Kunkel- renunciaron a sus bancas ante la aprobación de las leyes "antisubversivas" impulsadas por el mismísimo Juan Domingo Perón. Hoy, 35 años más tarde, Kunkel vota disciplinadamente esta legislación "antiterrorista" que le ordenaron desde Estados Unidos.
¡Abajo la ley terrorista del Gafi!
Jacyn
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Mariano Ferreyra. Un crimen contra la clase obrera
FERROVIARIOS PROCESADOS
5.- Una causa piloto del gobierno contra el derecho de huelga
El 23 de diciembre de 2010, a poco más de dos meses de la muerte de Mariano Ferreyra, el gobierno montó un ataque contra los tercerizados del Roca y en particular contra los militantes del Partido Obrero y sus representante en Causa Ferroviaria, lista opositora a Pedraza en la Unión Ferroviaria.
Luego de una movilización en las vías de Avellaneda de los tercerizados, acompañados por el PO, para que se cumpliera con el compromiso firmado por el ministro de Trabajo y de Transporte de incorporar los trabajadores tercerizados a planta permanente de Ugofe, una larga reunión en el Ministerio de Transporte derivó en el levantamiento de las negociaciones de parte del Estado.
En el mismo momento que en el ministerio se informaba a los representantes de los trabajadores de la suspensión de las negociaciones, se montaba una provocación en Constitución con roturas en la estación e intento de quema de instalaciones.
El gobierno, en una conferencia de prensa de la ministra Garré, acusó de todo al Partido Obrero, que había actuado, según ella, en consonancia con Eduardo Du-halde.
En forma coordinada el ministro de Transporte, Schiavi, presentó ante el "colaborador" juez federal de Quilmes, Luis Armella, una denuncia contra los trabajadores tercerizados, vinculándolos no sólo con el corte de vías sino con los hechos de Constitución y acusándolos de extorsión, en particular a los delegados y incluso al abogado que había participado en la reunión. A modo de "prueba", adjuntó las fotos del ingreso del letrado en el ministerio para la negociaciones que se llevaron a cabo ese día.
El 26 de diciembre se detuvo a los miembros de Causa Ferroviaria, y militantes del Partido Obrero, Jorge Hospital y Oscar Merino, y se dictó orden de captura contra Eduardo Belliboni, también militante del PO, y Omar Morales, trabajador tercerizado despedido de Ugofe.
La causa estaba armada exclusivamente en base a la denuncia de Schiavi y a las declaraciones del jefe de la División Roca de la Federal, comisario Jorge Raúl Ferreyra, hoy procesado por los hechos que provocaron el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves lesiones a Elsa Rodríguez.
El 28 diciembre, en vísperas de a una movilización por la liberación de los detenidos, se ordenó su libertad y el levantamiento de las órdenes de captura.
El 5 de enero de 2012, el juez Armella, del Juzgado Federal N° 1 de Quilmes, procesó a Hospital, Merino, Belliboni y Morales por los delitos de corte de ruta y de extorsión. Así Convirtió a esa causa en el anticipo de la fundamentación que esgrimiría en estos días CFK, en su discurso de asunción, en el sentido de que su gobierno garantiza el derecho de huelga pero no el de "extorsión" por parte de los trabajadores.
Esta causa considera extorsión la exigencia a los ministros -que firmaron un acuerdo de incorporación de los tercerizados del Roca- de que cumplan con su compromiso.
El procesamiento fue apelado y su tratamiento quedó radicado en la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata, Sala I. A pesar de haber transcurrido diez meses aún no se ha expedido por el revocamiento o la confirmación de dicho procesamiento.
Hay que destacar que no se le puede achacar desidia a estos jueces, ya que por las desprolijidades del expediente en aproximadamente cinco oportunidades lo remitieron nuevamente al juez Armella para que aclare errores en la foliación e incluso la falta de folios.
También debieron pedirle aclaraciones sobre otras órdenes de captura emitidas contra otros posibles imputados y su levantamiento sin fundamentación, y solicitudes de explicaciones sobre si Belliboni estaba detenido, rebelde o a derecho, dada la confusión en el expediente, para pasar recién el 28 de noviembre a que el primer juez se expida.
Aunque el 28 de diciembre se había levantado la orden de captura de Belliboni y Morales, quedando a derecho y cumpliendo puntualmente con la orden de presentarse todos los meses a firmar ante el Juzgado, Belliboni y Morales fueron demorados en distintas ocasiones por figurar con orden de captura dada por el juez Armella con fecha 17 de enero.
Estos hechos fueron el fundamento para interponer la recusación del juez Armella, que también está para ser resuelta por el mismo tribunal de apelación que debe resolver el procesamiento.
Exigimos el inmediato desprocesamiento de los compañeros Hospital, Merino, Belliboni y Morales, al igual de los más de 5.000 procesados por luchar.
Claudia Ferrero (Apel)
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6.- ¡No al cierre del Idac!
¡Por la defensa de la enseñanza del arte cinematográfico!
Los abajo firmantes, ex alumnos y egresados del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (Idac), nos pronunciamos en contra de su cierre y en contra del nuevo Plan de Estudios, impuesto de manera antidemocrática por parte de los funcionarios del municipio de Avellaneda a la comunidad educativa.
El Idac, institución de reconocimiento internacional con más de cuarenta años de trayectoria, encuentra los pilares de su identidad en la enseñanza pública y gratuita, en la modalidad de la formación artística de la práctica cinematográfica, y en las especializaciones en el campo del documental, de la ficción y la animación.
La imposición del nuevo Plan de Estudios destruye el espíritu del Idac, reorientándolo para formar técnicos en TV. También reduce las horas cátedra en un 50% y elimina las especializaciones en documental y ficción.
Rechazamos también la reciente jubilación compulsiva de cuatro docentes (despidos encubiertos), y apoyamos la tenaz lucha que los estudiantes del Idac están realizando en contra de este atropello a la comunidad educativa y cinematográfica.
¡Que viva el séptimo arte!
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Para organizar el 2012
Congreso nacional de Tribuna Docente. La situación política y educativa actual. Preparación del Plan de Lucha.
Sábado 11 de Febrero de 2012. 10 Horas. Lugar a confirmar.
