La violencia del estado contra las mujeres
Macri acaba de emitir una reglamentación restrictiva del aborto no punible a través de una resolución de su ministro Lemus. La misma impone la intervención de un comité interdisciplinario, algo que es ilegal, obligando a la mujer a visitar a más de un médico (u otro profesional) y lo que es más grave, impone un límite de 12 semanas de gestación para realizar la intervención, cuando la naturaleza social del hecho hace que la mayoría de las veces estos casos no se puedan abordar en ese breve lapso: muchas veces porque la víctima no sabe que quedó embarazada producto de la violación de la que fue objeto, sobre todo cuando es menor de edad y porque el hecho en si demanda un trauma que hace imposible tomar decisiones rápidas.
Esta reglamentación es posible por la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de dejar librado a las provincias el criterio de reglamentación. Pero fundamentalmente la responsabilidad mayor es del Gobierno Nacional ya que mantiene el aborto en la ilegalidad sometiendo a la clandestinidad, la muerte y a este tipo de arbitrariedades al conjunto de las mujeres.
La reglamentación de Macri sigue la línea restrictiva de otras que se dictaron en provincias gobernadas por el kirchnerismo como Río Negro y Salta.
El fallo de la Corte Suprema en el que a partir de un caso en el que se le negó a una mujer el acceso a un aborto no punible, la Corte Suprema reclama que todas las provincias adecuen sus normas para garantizar el cumplimiento de los casos no punibles, tal como figura en el artículo 86 del código penal y que establece que en los casos de una violación, cualquier mujer tiene derecho a un aborto no punible con sólo declarar la situación frente a un médico, está siendo violado.
La violencia contra las mujeres empieza por la que ejerce el propio estado, en este caso en nombre de los lazos que el kirchnerismo y sus opositores parlamentarios pretenden preservar con poderosos sectores religiosos como la iglesia católica y evangelista.
La violencia contra las mujeres empieza por la que ejerce el propio estado, en este caso en nombre de los lazos que el kirchnerismo y sus opositores parlamentarios pretenden preservar con poderosos sectores religiosos como la iglesia católica y evangelista.
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