BOLETÍN DIGITAL
TRIBUNA DOCENTE – Lista Rosa –
En Ctera
AGOSTO Nº 2 - AÑO 2012
www.tribunadocente.com.ar_________________________________________________________________
ÍNDICE
1.- RENUNCIÓ LA MINISTRA DE EDUCACIÓN BONAERENSE. Enfrentemos la escalada de Scioli. Romina del Plá – Daniel Sierra
2.- SCIOLI ENCARA EL TRABAJO SUCIO DEL AJUSTE. Deuda en dólares por educación. Néstor Pitrola
3.- MENDOZA: SE REABRIÓ LA PARITARIA DOCENTE. Martin Dalmau
4.- TANDIL: LOS SECUNDARIOS CONTRA LA REGIMENTACIÓN K. Pablo Giachello
5.- EL GOBIERNO DE LOS SEIS PESOS POR DÍA.
6.- UN DESENLACE PRECARIO, UNA CONCLUSIÓN POLÍTICA. La gran huelga del subte. Sergio Villamil
7.- CGT: DÓNDE ESTÁ EL PILOTO. Néstor Pitrola
8.- CON LAS PEORES ARMAS MENEMISTAS. Cristina transfirió el APE. Julio Romano
9.- MARIANO FERREYRA - UN CRIMEN CONTRA LA CLASE OBRERA -
- LAS CHICANAS DEL DOCTOR FREELAND.
- EL SILENCIO DE LOS CULPABLES. La marcha del juicio. Jacyn
- EL "RELATO" DE LA IMPUNIDAD. Acerca de una columna de Mario Wainfeld. Gabriel Solano
- ¿TERRITORIO LIBERADO O CONNIVENCIA ACTIVA? Julio Romano
- DOS COMISARIOS
- ACTO EN CONSTITUCIÓN CONTRA LAS INTIMIDACIONES DE PEDRAZA Y LA PATOTA. Corresponsal
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1.- RENUNCIÓ LA MINISTRA DE EDUCACIÓN BONAERENSE
Enfrentemos la escalada de Scioli
La intervención de la Dirección General de Escuelas por parte de Scioli hizo que la ministra K de educación bonaerense, Silvina Gvirtz, se fuera dando un portazo. La crisis con Gvirtz es parte del enfrentamiento entre los K y el sciolismo, que no puede disimular los objetivos comunes. Pese a su "rechazo" verbal al ajuste, antes de su renuncia Gvirtz había adoptado varias medidas restrictivas, que hasta la burocracia sindical K de Suteba debió enfrentar. Se trata de las que restringen el nombramiento de 1000 docentes suplentes, se anulan 500 licencias y se dejan cesantes 6000 módulos laborales que afectaban a 2000 profesores con pocas horas cátedra.
Por eso, en su carta de renuncia, la dimitente ministra de educación bonaerense reconoce que ella estaba en la avanzada ajustadora: "Estoy absolutamente de acuerdo en que se propusiera un plan de austeridad que permitiera detectar situaciones en donde se pudiera producir ahorro u optimización de recursos", dice. Más aún, acuerda con Scioli en atacar las licencias docentes. Para la ex ministra "el otorgamiento de licencias es un sector clave para ello". Y para que quede completamente claro, deja establecido su autoría en esta sintonía gruesa: "He presentado -dice- un Plan de Presentismo para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes".
La renuncia de Gvirtz es, pues, el resultado en una interna entre ajustadores. Al igual que en el subte, los K quieren endosarle el ajuste a otros.
Por otro lado, el ajuste de Scioli no es de ahora. Viene reduciendo las partidas para infraestructura y comedores hace rato, y avanzó en las medidas de precarización docente con miles de cargos contratados (Patios abiertos, Coas, Fines, etc), sin objeciones, ni de la ex ministra, ni de la dirección de los sindicatos docentes.
Las comunicaciones y disposiciones que sustentaron este ajustazo vienen de la acción conjunta de kirchneristas y sciolistas, y, a pesar de ser dejadas momentáneamente de lado por la acción de aparato del Suteba (un grupito de dirigentes "ocupó" la Dirección General de Escuelas) son un anticipo de un ajuste que no se detendrá.
Un ataque en regla
Sólo en educación, Scioli busca ahorrar 1.000 millones de pesos anuales. Pero como lo anunció su jefe de gabinete, Alberto Pérez, se trata de implementar "un Plan Integral de Presentismo" para todos los estatales bonaerenses (El Día, 9/9), no sólo para los docentes.
Implementar este plan será la primera tarea encomendada a la nombrada nueva ministra, Nora De Lucía.
Asambleas ya en todos los distritos. Plan de lucha hasta quebrar el ajuste, retomando el camino de la gran huelga que quebró el aguinaldo en cuotas, superando incluso, los paros aislados de las direcciones formales sindicales. A la burocracia sindical le reclamamos la convocatoria a asambleas abiertas para votar un plan de lucha.
La oposición antiburocrática, por su parte, prepara un plenario plenario provincial de directivas, congresales y delgados con mandato para resolver un curso de acción.
Romina del Plá – Daniel Sierra
2.- SCIOLI ENCARA EL TRABAJO SUCIO DEL AJUSTE
Deuda en dólares por educación
No cabe duda alguna. La caída de la ministra de educación bonaerense, Silvina Gvirtz, es un nuevo capítulo de la guerra fría entre el cristinismo y Scioli. Un período que se abrió con la frágil tregua firmada entre Cristina y el gobernador, mediante el otorgamiento de fondos del Anses para pagar el aguinaldo.
La renuncia de Gvirtz constituye una "danielización" del gabinete, exactamente lo contrario de lo que pretendía el camporista vicegobernador Mariotto, cuya estrategia desde el primer día fue nombrarle a Scioli, como mínimo, el ministro de Seguridad. De una u otra manera, esta movida agudizará las disputas en laLegislatura bonaerense y en las operaciones para cooptar los intendentes a una y otra fracción.
Scioli lanzó un plan de ajuste en la educación, específicamente contra los docentes (ver artículo) "a la López Murphy ", mediante el cual pretende ahorrar 1000 millones de pesos anuales, cortando suplencias docentes. Para ello puso al frente de la cartera educativa a una fiel ex ministra de Economía. La línea de recorte en los comedores y control de ausentismo que ya venía llevando Gvirtz, se profundizará.
Mariotto se reunió previamente con la renunciante y habilitó la retirada, prometiendo no obstaculizar el nombramiento de Nora De Lucía, en la línea de la Casa Rosada de que el trabajo sucio quede a cargo del personal del gobernador. De conjunto, Cristina descarga parte de los costos políticos del ajuste del inviable presupuesto nacional sobre los gobernadores, de manera de comprometer al peronismo en su conjunto en su política y salvar el control del timón.
Esta política en educación es el reverso de la moneda de un endeudamiento "autónomo" de la provincia para cerrar el año sin depender de un nuevo y traumático adelanto del Tesoro Nacional. El gobierno provincial emitió deuda por 200 millones de dólares a una tasa que resulta astronómica.La suscripción de bonos en dólares cuadriplicó la suscripción esperada de 50 millones. Claro, se trata de bonos al 9%, a un año, pero en dólares. Se hizo ruido acerca de la suscripción de parte de esta deuda por parte de algunos municipios superavitarios de la provincia. Pero los municipios suscribieron apenas 5 millones de pesos sobre 2.800 millones que tienen en plazos fijos. Se trata de un huevo en la canasta de Scioli que pusieron Massa, de Tigre, Eseveri de Olavarría, Espinoza de La Matanza y unos pocos más, pero el grueso prefirió no involucrarse.
El mecanismo de bonos nominados en dólares con semejante tasa es más que atractivo, sobre todo cuando está prohibida la compra de dólares para atesoramiento financiero, pero es explosivo para las finanzas de una provincia ya endeudada en 14 mil millones de dólares para pagar gastos, tan corrientes como los sueldos y aguinaldos. Se canjeado un endeudamiento en dólares por educación, en el preciso momento en que se conoce que la mitad de los chicos argentinos, y especialmente bonaerenses del conurbano, no terminan el secundario.
Scioli no respondió, por ahora, ni a favor ni en contra del planteo de De la Sota del pacto fiscal del 92, y difícilmente se inscriba en esa estrategia en lo inmediato. Pero recorre una línea económica de endeudamiento propio en espejo con el gobernador cordobés. Luego se conoció la estatización del tramo on line del juego en la provincia que factura 360 millones anuales, cuya concesión era pretendida por Boldt SA. Para el resto del juego, se prevé la renovación de los jugosos contratos de toda la red privada con un aumento del 8 al 11 o 12 por ciento por Ingresos Brutos. Mediante esta maniobra "estatista" menor del gobernador, se bloqueó la posibilidad de un ingreso mayor del clan de Cristóbal López al juego de la provincia, que es el objetivo del cristinismo.
En resumen, se ha agudizado una crisis política que busca resolver la inviabilidad del régimen de subsidios, privatizaciones y deuda externa, contra las masas populares. Y que, por lo tanto, replantea la necesidad de una intervención independiente de los trabajadores. El ataque a la educación a la "López Murphy" pondrá a prueba a las organizaciones docentes, puesto que ya no se trata de una mera reacción contra el no pago de salarios, sino de la defensa del estatuto del docente frente a un planteo económico de conjunto que ajusta a través de la educación y contra los docentes, cuya bandera de largada fue el discurso presidencial en la apertura de sesiones legislativas -"tienen tres meses de vacaciones al año, trabajan cuatro horas y encima paran".
El movimiento sindical y de lucha docente y estatal tiene que discutir un plan reivindicativo y una salida económica y social para que la crisis la paguen los capitalistas. Se replantea cada día la necesidad de fusionar el movimiento obrero con una salida política de los trabajadores.
Néstor Pitrola
3.- MENDOZA: SE REABRIÓ LA PARITARIA DOCENTE
Los docentes mendocinos vienen de tres días de paros masivos con un acatamiento de casi el 90%. Eso, sumado a las crisis crisis y enfrentamientos al interior del PJ, obligaron al gobernador Paco Peréz a convocar a paritarias.
Pero las reuniones serán convocadas con un temario cerrado, donde el tema salarial puede quedar ausente. Por lo tanto, se convertirían en una farsa o en un intento de patear la pelota para adelante. La maniobra brinda una vía de escape a la conducción celeste del Sute, que es parte de la interna del gobierno ubicada entre el sector azules del PJ y los ultra K de Kolina.
Pérez le niega el salario a los docentes, como lo hace con todos los estatales, mientras mantiene jugosos subsidios a las patronales, como los 300 millones de pesos a las empresas de transporte; también respeta religiosamente el pago de la deuda contraída por las anteriores gestiones.
La conducción celeste del Sute se juega a que esta paritaria sea solamente un intercambio de figuritas para descomprimir la presión de la base docente, sin contemplar el salario que tiene el mínimo en 3.000 pesos, y las reivindicaciones más importantes. Por eso para los plenarios de la primera semana de agosto inventaron el plan de lucha "inteligente" que consiste en una movilización sin paro con fecha a determinar por el secretariado.
Los compañeros de Tribuna Docente comenzaremos una nueva campaña: que las paritarias sean libres, sin techos salariales y con representación de los trabajadores de la educación votada en asamblea y con mandato. Cumplimiento urgente de los acuerdos paritarios pendientes, 35% de aumento de emergencia, sin descuento de los días de paro.
Pero las reuniones serán convocadas con un temario cerrado, donde el tema salarial puede quedar ausente. Por lo tanto, se convertirían en una farsa o en un intento de patear la pelota para adelante. La maniobra brinda una vía de escape a la conducción celeste del Sute, que es parte de la interna del gobierno ubicada entre el sector azules del PJ y los ultra K de Kolina.
Pérez le niega el salario a los docentes, como lo hace con todos los estatales, mientras mantiene jugosos subsidios a las patronales, como los 300 millones de pesos a las empresas de transporte; también respeta religiosamente el pago de la deuda contraída por las anteriores gestiones.
La conducción celeste del Sute se juega a que esta paritaria sea solamente un intercambio de figuritas para descomprimir la presión de la base docente, sin contemplar el salario que tiene el mínimo en 3.000 pesos, y las reivindicaciones más importantes. Por eso para los plenarios de la primera semana de agosto inventaron el plan de lucha "inteligente" que consiste en una movilización sin paro con fecha a determinar por el secretariado.
Los compañeros de Tribuna Docente comenzaremos una nueva campaña: que las paritarias sean libres, sin techos salariales y con representación de los trabajadores de la educación votada en asamblea y con mandato. Cumplimiento urgente de los acuerdos paritarios pendientes, 35% de aumento de emergencia, sin descuento de los días de paro.
Martin Dalmau
4.- TANDIL: LOS SECUNDARIOS CONTRA LA REGIMENTACIÓN K
A través del programa de Lanata, tomó repercusión la batalla política a la que se enfrenta el movimiento estudiantil secundario en general y en la provincia de Buenos Aires en particular. El estudiantado sufre una batería de iniciativas montadas desde el aparato del Estado en connivencia con las direcciones de los colegios de distintos lugares del país, que bajo la conducción de La Cámpora bregan por regimentar a los jóvenes tras la defensa del "proyecto nacional y popular".
Bajo la tutela del Estado, no hay cabida a la heterogeneidad política y a la libre elección de los estudiantes. Lo sucedido en Tandil es una muestra contundente de la regimentación K. Allí, un encuentro de centros de estudiantes convocado desde las direcciones colegiales para discutir las problemáticas estudiantiles, derivó en una jornada por el "fortalecimiento de la democracia", impulsada por La Cámpora a través del juego "el héroe colectivo", en alusión al "Nestornauta". Una compañera militante de la UJS , presidenta del centro de estudiantes de su colegio en Tandil, denunció fuertemente la manipulación kirchnerista y defendió ante los medios de comunicación el derecho de los estudiantes a hacer política, no sólo como instrumento para luchar por la defensa de sus derechos y reivindicaciones, sino también como herramienta para la transformación social.
La lucha política en el movimiento estudiantil secundario no es una lucha "contra la política en los colegios", es una lucha contra la regimentación estatal. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ya hemos denunciado desde estas páginas cómo el Estado se ha inmiscuido en la organización de los centros de estudiantes secundarios, a través de la Resolución 4288, que encomienda a los "…inspectores, directivos, docentes y auxiliares la promoción y el desarrollo de los centros de estudiantes", unifica en una misma fecha todos los procesos electorales para garantizar un control riguroso por parte del gobierno, y deja en claro que "todos los estatutos deben adecuarse a las presentes pautas (por las arriba mencionadas) en su proceso de constitución".
Se trata, claramente, de un proceso de regimentación estatal del movimiento estudiantil. Tanto en el Colegio Nacional de San Isidro como en el Paula Albarracín de Vicente López, fue quebrada la tentativa de implementar la Resolución 4288 por la acción masiva y decidida de centenares de estudiantes, realizando sentadas en las puertas de sus colegios. Allí se impusieron elecciones en las condiciones decididas por los estudiantes. Como se ve, el escándalo de Tandil no es más que un botón de muestra de un proceso político vivo que se desarrolla entre los secundarios.
Sucede que el kirchnerismo ha fracasado a lo largo de diez años en avanzar en la cooptación del movimiento estudiantil. La explicación es simple: al movimiento secundario no le es fácil comprar el buzón K, ya que es el propio gobierno el responsable del desfinanciamiento, el derrumbe educativo y el ataque a la docencia. Por el contrario, son las fuerzas de la izquierda las que desarrollan un papel protagónico entre las organizaciones de masas reales del movimiento estudiantil, porque enfrentan esa política antieducativa.
Las masivas movilizaciones que se han desarrollado este año en el oeste del Gran Buenos Aires, en Pergamino, La Plata o la toma de los colegios en Capital, dan cuentas de que la regimentación K no prosperará.
Pablo Giachello
5.- EL GOBIERNO DE LOS SEIS PESOS POR DÍA.
Seis pesos por día. Eso es lo que necesita un argentino para comer… según lo que 'informa' el IndeK. El alcance de la falsificación de las estadísticas oficiales ya llegó al ridículo.
Pero también, a la indignación popular.
Otras oficinas de estadísticas, universitarias o provinciales, calculan que la canasta alimentaria es cuatro veces mayor a la que 'informa' el gobierno.
Son cifras que desnudan 'otra' Argentina.
Un país donde la canasta de pobreza –comer, vestirse y viajar- está en los 6.300 pesos para una familia tipo.
La conclusión es clara.
La conclusión es clara.
La pobreza en la Argentina no es sólo una cuestión de desocupados o 'excluidos'.
Una parte importante de la clase obrera no llega a la línea de pobreza.
Con seguridad, todos los precarizados, que representan más de un tercio de la fuerza laboral.
¿Qué decir de los 1880 pesos de jubilación mínima, que abarca al 75 por ciento de los jubilados?
Después de nueve años de kirchnerismo, el balance no puede ser más lapidario.
El crecimiento a tasas chinas, que llena los discursos de la cadena nacional, sólo sirvió para enriquecer a los Roggio, Cirigliano, o a los especuladores de la deuda pública.
Ante este panorama, los que gobiernan sólo tienen para ofrecernos más golpes al poder de compra del salario.
Ahí están los aumentos en las naftas, el gas, los peajes y el transporte.
Ahora, el gobierno de los 'seis pesos' por día va a sentar a las burocracias sindicales oficialistas al consejo del salario mínimo. Sólo para que acaten, sin chistar, un rasero salarial de miseria.
Los Macri y demás opositores no tienen un programa diferente.
No es de extrañar, por lo tanto, que los dos –Macri y los K- se empeñaran a fondo contra el sindicato del subte y su lucha por defender, en paritarias, sus conquistas salariales y laborales.
Para defender nuestras reivindicaciones, luchemos por la independencia sindical y política de los sindicatos.
Y por unir al movimiento obrero con el socialismo revolucionario.
6.- UN DESENLACE PRECARIO, UNA CONCLUSIÓN POLÍTICA
La gran huelga del subte
La gran huelga de diez días se levantó con un acuerdo provisorio, que incluye un aumento de días de licencias por vacaciones y por razones particulares, junto a una categoría más para boleteros y trabajadores de limpieza. Pero el trascendido de que contempla un aumento de 23% en los sueldos es falso. Corresponde a una maniobra de la UTA , una de las tantas que abundaron para bombardear la huelga. Esa treta consistió en mostrar un acta donde dicho aumento quedaría condicionado a la obtención de recursos que la patronal hoy niega tener. El compromiso efectivamente firmado sólo contempla pagar una suma por única vez, como compensación de días caídos. Pero incluso en este punto, también se encuentra condicionado: para cumplirlo, Metrovías "requerirá los fondos que sean necesarios para ese fin". En pocas palabras, ni aumento salarial, ni paritaria, -las dos cuestiones que motivaron, una semana atrás, el masivo rechazo por la base de una propuesta similar. Además, es de una precariedad que hace dudar del cumplimiento de estos puntos.
El kirchnerismo y la huelga
La explicación de tan frustrante resultado reside en el trabajo tenaz de aislamiento y liquidación de la huelga por parte de los gobiernos de Cristina Kirchner y Macri, al extremo que los trabajadores no veían salida a un esfuerzo tan prolongado. Debe destacarse, en primer lugar, el papel del gobierno nacional, el que -autoproclamándose popular- le dio la espalda a los trabajadores en todos los sentidos. El ministerio de Tomada, que históricamente fue el ámbito de todas las negociaciones del subte, le cerró las puertas a la AGTSyP , convirtiéndolo en el único gremio sin discusión convencional en el país. Además, persistió en el desconocimiento de la personería gremial a un sindicato que probó ser el único con autoridad sobre los trabajadores del subte. Obsérvese que, por primera vez, la UTA tuvo que pasar a firmar el acta que la AGTSyP había acordado previamente, reconociendo públicamente que sólo ésta podía levantar el paro.
El estado mayor kirchnerista azuzaba a la directiva del sindicato del subte contra Macri, negándole al mismo tiempo cualquier ámbito para llevar adelante la negociación colectiva que podía darle salida a la huelga. Esta estrategia perversa no tuvo otro propósito que desarrollar una (falsa) polarización política con la derecha (Macri), por un lado, y de llevar a un desgaste la lucha del sindicato del subte y golpear a su organización independiente, por el otro. Mal que le pese a la filiación kirchnerista de los principales dirigentes de la AGTSyP , no hay que olvidar, ni por un momento, que la UTA de Fernández es un puntal de la 'CGT Balcarce', la central obrera que el gobierno pretende convertir en su sucursal directa.
El kirchnerismo justificó su ninguneo con el argumento de su "no incumbencia" en el subte, a partir del traspaso que Macri aceptó en enero pasado. Pero, en verdad, los que decían no poder "sentarse" a negociar -los K y Macri- lo vinieron haciendo sin problemas durante todo el período anterior al estallido de la huelga. Los diarios han relatado, en estos días, que a fines de julio se encontraba cerrado un acuerdo entre los dos gobiernos por el traspaso, con un paquete de inversiones, endeudamiento y, naturalmente, la "cuestión tarifaria". Sin embargo, CFK lo habría congelado, con la exigencia de "que Macri primero solucione la huelga" (Clarín, 12/8)-"la huelga", no las aspiraciones obreras. El kirchnerismo, en suma, le exigió al jefe del PRO que hiciera el trabajo sucio contra los trabajadores. Con toda seguridad, pasado el conflicto, los K y Macri volverán a sentarse, para intentar una 'salida' a costa del salario de los trabajadores, por un lado, y de los usuarios, por el otro.
Esta tarea de aislamiento de la lucha fue completada por las centrales sindicales, que ni se asomaron a la huelga más importante del último período. La CTA de Yasky, que se atribuye un falsificado padrinazgo sobre el subte, no sacó ni un comunicado. Moyano, que mostró colmillos opositores en Plaza de Mayo, se va al mazo cuando la lucha obrera llega más allá de las bravatas en los medios o las chicanas judiciales. Una movilización callejera de sindicatos y organizaciones populares, que hubieran golpeado las puertas de ambos gobiernos, habría destrabado en un par de días el obsesivo "gran bonete" con que fatigaron, tanto los macristas como los kirchneristas, a toda la población.
Macri, por su lado, recogió el guante del kirchnerismo y salió al ruedo de la polémica sobre la política de subsidios y el derrumbe de los trasportes bajo el gobierno K. Lo hizo con toda la hipocresía de los que compartieron dicha política, mientras sirvió para rebajar los costos capitalistas con recursos del Estado. Pero con más energía aún, el macrismo intentó demostrar que está dispuesto a imponer el orden y quebrar huelgas. Para ello, copió el libreto que los K ya habían usado contra las huelgas de camioneros y aeronáuticos: aplicar multas al sindicato y amenazar con la quita de la personería.
La conducción de la AGTSyP no supo desmarcarse de esta polarización y adoptar un curso independiente. Su alineamiento kirchnerista los condicionó para no desarrollar un emplazamiento a los poderes públicos, que garantizara la firma de una paritaria. La perfidia K los empujó a fondo en la campaña "Macri hacete cargo" y les soltó la mano cuando la carrera con el macrismo se acercó al precipicio. No se sabe qué le dijeron a Pianelli en la reunión de trasnoche con la cúpula del gobierno en la Rosada , pero todo hace pensar en algo así como: "Hasta aquí llegamos, levantá la huelga como sea".
En la mañana de su levantamiento, la viceministra Rial fue con los tapones de punta contra la huelga. La propuesta de convocar a una movilización popular que reclamara a ambos gobiernos la convocatoria a la paritaria- que los compañeros de la ATM plantearon y que empezó a difundirse en los túneles- fue fuertemente resistida por la conducción del sindicato, porque "no querían otro enemigo aparte de Macri". No vieron -ni quisieron ver- que, al ningunear la paritaria, el otro gobierno hacía rato que estaba sentado en la vereda de enfrente de la huelga. Los diarios abundan en encuestas que demostrarían que la imagen de Cristina caía con la de Mauricio. En esas condiciones, los K forzaron el levantamiento de la huelga, a sabiendas de que quedaban en el camino reivindicaciones cruciales.
Las perspectivas
Es cierto que el precario compromiso firmado fue precedido por consultas a la base en las líneas, en algunos casos con la forma de asambleas. Pero en el clima creado por diez largas jornadas bajo tierra y el bloqueo político de toda salida por parte de las corrientes hegemónicas, la mayoría aceptó el fin de la huelga. La asamblea conjunta de la línea B y el taller Rancagua votó en contra del levantamiento y por mantener el pliego de partida: 28% de aumento, 2% por año de antigüedad y aumento en viáticos y licencias. Los compañeros volvieron al trabajo, pero la herida quedó abierta. La paritaria y el aumento salarial quedaron pendientes. El financiamiento y el traspaso del subte, no resueltos, le dan a este desenlace una gran inestabilidad. La completa incertidumbre en relación la cuestión del salario deja abierta una intensa deliberación en los túneles.
Conclusiones
La huelga del subte ha concentrado todos los elementos de la crisis política, y toda la clase obrera debe sacar sus conclusiones. La "controversia del traspaso" es sólo la envoltura de otra crisis: la del régimen de subsidios y rescate de los privatizadores, que los gobiernos capitalistas pretenden remontar a costa de tarifazos y del salario de los trabajadores de los servicios públicos. En esta línea, el movimiento obrero del subte -que arrancó en la última década conquistas fundamentales- es un objetivo estratégico. Los K y los Macri (la oposición patronal) no difieren en estos objetivos, sólo pretenden dirimir las cargas políticas del "ajuste" en función del desenlace de esta crisis y de la lucha por la sucesión. El derrumbe del 'modelo' de los Roggio-Cirigliano no tolera la menor autonomía de los sindicatos: la presión del Estado sobre los sindicatos se ha redoblado, y más que eso, cuando se trata de aquellas organizaciones obreras que han emergido de luchas y de una oposición tenaz a la burocracia sindical tradicional. En el subte, la defensa de las conquistas salariales y laborales en peligro plantea, como nunca, la cuestión de su independencia política frente al gobierno y todas las variantes patronales.
Sergio Villamil
7.- CGT: DÓNDE ESTÁ EL PILOTO
En 48 horas, Caló se bajó y se subió de las tapas de los diarios, al tiempo que se bajaba y se subía de la (futura) CGT Balcarce. Recordemos que, para irritación de Cristina, el metalúrgico estaba en un spa cuando se hizo la famosa reunión en la Rosada.
L a nueva vacilación ocurre luego de la cita de Tomada con toda la cúpula de ese proyecto de CGT y de la reunión de la presidenta con la CTA Yasky. O sea que la renuncia y su desmentida se producen en medio de febriles operaciones del kirchnerismo para alinear a los sindicatos.
Justamente en esas reuniones, se conspiraba para lograr una 'integración' del Consejo del Salario que garantice su 'nivel Indec'. La cita con la CTA Yasky tuvo importancia no sólo para sentar a alguien de esa Central en el consejo salarial, sino por la presencia de Roberto Pianelli en la delegación, en medio de la huelga general del subte. Notablemente, "no se trató el tema subte", según el propio Pianelli, quien después tuvo una reunión con tres ministros: Randazzo, Tomada y Abal Medina. Resultados a la vista, fue conminado a levantar la huelga "que ya afectaba a la presidenta", sin nada en la mano.
En la misma tarde en que Caló dejó saber lo suyo, estalló una huelga general de una de las tres empresas de transporte de Córdoba por la reincorporación de activistas que encabezaron luchas por el salario y contra el ajuste, al tiempo que 15 mil estatales ganaban allí la calle. La huelga cordobesa se inscribe en una tendencia: paro general camionero, movilización del 27 de junio a la Plaza , la huelga dragona, el medio millón de estatales bonaerenses que recuperaron el aguinaldo con la huelga general, la huelga del subte, la huelga general de Trasnoa en Salta, el paro general docente de Ctera (que ahora se retoma en las huelgas por la reapertura de paritarias en Mendoza y Santa Cruz). Hasta el ultrakirchnerista gremio de la Afip para contra el ajuste de Echegaray.
El gobierno usurpa los fondos de las Obras Sociales (ver artículo), mantiene el impuesto al salario, se roba las asignaciones familiares, ahoga las provincias, estallan huelgas y, en ese escenario, la CGT Balcarce tiene un candidato que es un cero a la izquierda. El desbarranque kirchnerista puede ser mayúsculo si se observan los posibles reemplazantes de Caló: el entregador de activistas bajo la dictadura, Gerardo Martínez; el mecánico Pignanelli, de Mercedes Benz, heredero de la corriente rodriguista que entregó la comisión interna a la dictadura; el "gordo" Daer, de la Sanidad , o el privatizador de América (Somisa), Naldo Brunelli. Recordemos que el grupo "cristinista" incluye a Pedraza y los suyos.
La CGT Balcarce -la "CGT del ajuste"- nace muerta. Moyano ríe, pero se enreda detrás de Scioli y Macri en la defensa de Covelia, un negociado de su propio sindicalismo empresarial.
Por un congreso de delegados electos en asambleas para reorganizar al movimiento obrero, que resuelva un programa y un plan de lucha.
L a nueva vacilación ocurre luego de la cita de Tomada con toda la cúpula de ese proyecto de CGT y de la reunión de la presidenta con la CTA Yasky. O sea que la renuncia y su desmentida se producen en medio de febriles operaciones del kirchnerismo para alinear a los sindicatos.
Justamente en esas reuniones, se conspiraba para lograr una 'integración' del Consejo del Salario que garantice su 'nivel Indec'. La cita con la CTA Yasky tuvo importancia no sólo para sentar a alguien de esa Central en el consejo salarial, sino por la presencia de Roberto Pianelli en la delegación, en medio de la huelga general del subte. Notablemente, "no se trató el tema subte", según el propio Pianelli, quien después tuvo una reunión con tres ministros: Randazzo, Tomada y Abal Medina. Resultados a la vista, fue conminado a levantar la huelga "que ya afectaba a la presidenta", sin nada en la mano.
En la misma tarde en que Caló dejó saber lo suyo, estalló una huelga general de una de las tres empresas de transporte de Córdoba por la reincorporación de activistas que encabezaron luchas por el salario y contra el ajuste, al tiempo que 15 mil estatales ganaban allí la calle. La huelga cordobesa se inscribe en una tendencia: paro general camionero, movilización del 27 de junio a la Plaza , la huelga dragona, el medio millón de estatales bonaerenses que recuperaron el aguinaldo con la huelga general, la huelga del subte, la huelga general de Trasnoa en Salta, el paro general docente de Ctera (que ahora se retoma en las huelgas por la reapertura de paritarias en Mendoza y Santa Cruz). Hasta el ultrakirchnerista gremio de la Afip para contra el ajuste de Echegaray.
El gobierno usurpa los fondos de las Obras Sociales (ver artículo), mantiene el impuesto al salario, se roba las asignaciones familiares, ahoga las provincias, estallan huelgas y, en ese escenario, la CGT Balcarce tiene un candidato que es un cero a la izquierda. El desbarranque kirchnerista puede ser mayúsculo si se observan los posibles reemplazantes de Caló: el entregador de activistas bajo la dictadura, Gerardo Martínez; el mecánico Pignanelli, de Mercedes Benz, heredero de la corriente rodriguista que entregó la comisión interna a la dictadura; el "gordo" Daer, de la Sanidad , o el privatizador de América (Somisa), Naldo Brunelli. Recordemos que el grupo "cristinista" incluye a Pedraza y los suyos.
La CGT Balcarce -la "CGT del ajuste"- nace muerta. Moyano ríe, pero se enreda detrás de Scioli y Macri en la defensa de Covelia, un negociado de su propio sindicalismo empresarial.
Por un congreso de delegados electos en asambleas para reorganizar al movimiento obrero, que resuelva un programa y un plan de lucha.
Nestor Pitrola
8.- CON LAS PEORES ARMAS MENEMISTAS
Cristina transfirió el APE
Cristina Kirchner trasfirió la Administración de Prestaciones Especiales (APE) a la Supertintendencia de Salud. El APE es un organismo manejado por el Estado, creado durante el menemismo, el cual financia los tratamientos de alta complejidad en las Obras Sociales. Lo hace con una tajada de los fondos (10% de un total de unos 30 mil millones anuales) aportados por los trabajadores a un Fondo de Redistribución Solidaria (FRS), con funciones más amplias: esencialmente, garantizar que las obras de trabajadores con menores ingresos, puedan brindar el Plan Médico Obligatorio. La Superintendencia de Salud, es manejada ahora por la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld. De manera que en la transferencia del APE fue barrida la cúpula moyanista que la administraba.
El gobierno tiene por ley la obligación de redistribuir anualmente el sobrante de todo el FRS entre todas las obras sociales de acuerdo al número de afiliados. No lo hizo. Por este concepto acumuló durante los nueve años de kirchnerismo, una deuda de por lo menos 12 mil millones de pesos. Dos mil millones los debe el APE, ahora transferido.
La deuda sigue vivita y coleando. Además, ahora esos fondos mensuales aportados por los trabajadores -sea con su aporte o con el patronal, que corresponde también a su salario- van a parar directamente a la Superintendencia de Salud, en manos de Liliana Korenfeld, su nueva titular, quien fuera interventora durante 12 años de la obra social estatal santacruceña. Allí no presentó nunca un balance.
La deuda sigue vivita y coleando. Además, ahora esos fondos mensuales aportados por los trabajadores -sea con su aporte o con el patronal, que corresponde también a su salario- van a parar directamente a la Superintendencia de Salud, en manos de Liliana Korenfeld, su nueva titular, quien fuera interventora durante 12 años de la obra social estatal santacruceña. Allí no presentó nunca un balance.
Se trata de un zarpazo que, lejos de devolver lo adeudado, de transformar el sistema del menemismo, se vale de él para un control central sobre los fondos de la salud obrera, en favor la caja del "ajuste 2012″ de Cristina Kirchner. En lo que va del año, se ha ejecutado un tercio del presupuesto de la APE , lo que acrecentó este año el ritmo precedente de la confiscación. El manotazo al FRS se suma a los que ya se vienen dando a la Ansés , al Banco Central y al Banco Nación, donde se depositan los fondos de la salud de los trabajadores.
En las semanas de mandato de Korenfeld ha recibido a Caló, a Andrés Rodríguez y a Lingieri, este último administrador del sistema durante el menemato, todos nóveles integrantes del sindicalismo cristinista. Según La Nación , les ha propuesto cancelar la deuda del APE (2000 millones) con 340 millones, es decir, con el 17% de la deuda. Obviamente, la moneda de cambio será privilegiar a los gremios alineados con la Rosada en el reparto de la confiscación del 83% restante y en los sucesivos ingresos y egresos del FRS.
De los otros 10 mil millones que el gobierno debe al sistema no se habla. El gobierno -que no nacionalizó el juego, ni la minería, ni el petróleo, ni los teléfonos- aplica su "dirigismo" trucho para quedarse con una brutal tajada de los fondos de la salud obrera. Entre las amenazas para disciplinar a los sindicatos, el gobierno esgrime una posible estatización general de todo el sistema, sacando a la burocracia sindical el control de las cajas de cada gremio.
Parece, sin embargo, optar por una variante más jugosa y menos complicada que vérselas directamente con la atención de salud a unos 12 millones de personas. Mantiene la perversa "desregulación" menemista que aniquiló el carácter universal de la atención de salud obrera y, especialmente, su carácter intregal, ya que sólo garantiza el Plan Médico Obligatorio, un combo de salud elemental adaptado a la mercantilización del sistema: "recibís la salud que pagás". Ese sistema que metió a las prepagas masivamente adentro del sistema de obras sindicales. Pero ahora, al quedarse con el FRS -del cual lleva robados 12 mil millones- ayuda al proceso de quiebras y concentración, dando poder a los grupos más poderosos de la burocracia sindical y de las prepagas, fuertemente entrelazados.
Con esos buitres negocia la creación de la CGT oficial. Mientras Moyano fue "funcional", se llevó el bocado del león para los negocios de la obra social camionera, notoriamente deteriorada actualmente. Caído en desgracia, los otros "sindicalistas empresarios" le pasan la factura, ficcionando una alianza estratégica con el cristinismo, que durará tanto como sus privilegios y como la capacidad del gobierno de mantenerse en pie sobre estas bases. Tal vez, menos que un suspiro. Es claro que tanto el futuro de todas las reivindicaciones obreras, como el de la salud de nuestras familias, pasa por sacar las manos del Estado de los sindicatos y de las Obras Sociales y de terminar con su socia, la burocracia sindical. Por la devolución de todos los fondos adeudados. Por el control obrero de las Obras Sociales mediante comisiones electas por asambleas de los trabajadores. Por un sistema único de salud, que contemple el hospital público, las Obras Sociales y la salud privada, de carácter universal, integral y gratuito para todos los argentinos por igual.
Julio Romano
9.-
MARIANO FERREYRA
- UN CRIMEN CONTRA LA CLASE OBRERA -
- LAS CHICANAS DEL DOCTOR FREELAND
Luego de perder dos audiencias con la exhibición de los videos y fotos que constan en la causa (tanto a pedido de las defensas como de la fiscal) el abogado del "Gallego" Fernández solicitó ampliaciones sobre las imágenes de algunos de los manifestantes.
El objetivo del abogado Freeland es presentar a las víctimas como victimarios. Lo señaló desde la segunda audiencia del juicio, en la que llegó a hablar de "legítima defensa" por parte de la patota o "a lo sumo", de "exceso" en la legítima defensa. Para sostener esta infamia, pretende encontrar la imagen de algún manifestante portando una gomera. Freeland no puede ignorar que es técnicamente imposible obtener una ampliación visible de la imagen que solicita debido a su baja definición -de lo contrario, la habría presentado, en tiempo y forma, durante la instrucción judicial. La chicana consiste en sembrar dudas sobre sus posibilidades de ejercer la defensa de Fernández -quien, por otra parte, no se encontraba en el lugar de los hechos- a partir de una limitación técnica. Se trata de hechos acreditados que no dejan lugar a ninguna duda: por caso, que los manifestantes se estaban retirando y que, en ese momento, la patota se reorganiza debajo del terraplén y los ataca en tropel. En sus descargos, todos los patoteros reconocen haber corrido a los manifestantes, porque de lo contrario habrían caído en el ridículo. Lo que niegan es haber formado parte de un plan para "aleccionarlos" a balazos. El pedido de Freeland es una aberración, porque lo que se trata en este juicio oral es el crimen de Mariano Ferreyra y la agresión de los acusados, no la conducta de las víctimas. Sin embargo, este pedido de ´imágenes´ fue admitido por el presidente del tribunal.
El objetivo del abogado Freeland es presentar a las víctimas como victimarios. Lo señaló desde la segunda audiencia del juicio, en la que llegó a hablar de "legítima defensa" por parte de la patota o "a lo sumo", de "exceso" en la legítima defensa. Para sostener esta infamia, pretende encontrar la imagen de algún manifestante portando una gomera. Freeland no puede ignorar que es técnicamente imposible obtener una ampliación visible de la imagen que solicita debido a su baja definición -de lo contrario, la habría presentado, en tiempo y forma, durante la instrucción judicial. La chicana consiste en sembrar dudas sobre sus posibilidades de ejercer la defensa de Fernández -quien, por otra parte, no se encontraba en el lugar de los hechos- a partir de una limitación técnica. Se trata de hechos acreditados que no dejan lugar a ninguna duda: por caso, que los manifestantes se estaban retirando y que, en ese momento, la patota se reorganiza debajo del terraplén y los ataca en tropel. En sus descargos, todos los patoteros reconocen haber corrido a los manifestantes, porque de lo contrario habrían caído en el ridículo. Lo que niegan es haber formado parte de un plan para "aleccionarlos" a balazos. El pedido de Freeland es una aberración, porque lo que se trata en este juicio oral es el crimen de Mariano Ferreyra y la agresión de los acusados, no la conducta de las víctimas. Sin embargo, este pedido de ´imágenes´ fue admitido por el presidente del tribunal.
- EL SILENCIO DE LOS CULPABLES
La marcha del juicio
En la tercera y cuarta audiencia, comenzaron las indagatorias de los imputados. Pedraza y el resto de los miembros de la patota ferroviaria se negaron a declarar. Todos aducen ser inocentes, pero se niegan a ser sometidos a las preguntas de los abogados en un interrogatorio público. Desde que comenzó el juicio, los acusados procuran ganar tiempo, a la espera de un giro político que, fuera del tribunal, les asegure su impunidad. En esa línea, se perdieron dos audiencias con la exhibición de los videos y audios acumulados en la instrucción, que las partes conocen desde hace meses.
Al negarse a declarar, el procedimiento prevé la lectura en voz alta de las declaraciones de los acusados que constan en el expediente. El defensor de Pablo Díaz (jefe de la comisión de reclamos del Roca, quien dirigió a la patota en el lugar de los hechos) incluso se opuso a esto, con el objetivo de evitar que esas declaraciones tomaran estado público, ya que sus contradicciones y mentiras son flagrantes. El abogado de Díaz también manifestó que quería dejar constancia en actas de la "injerencia del poder político en el desarrollo de este juicio", en referencia a las declaraciones de la Presidenta del lunes 6, en las que se atribuyó junto a Néstor Kirchner haberle dado "un impulso fundamental" a la causa. Los demás abogados defensores no lo siguieron, y con razones: el gobierno mantiene en sus puestos a todos los personeros de la burocracia ferroviaria como funcionarios de la Secretaría de Transporte. Los Pedraza juegan a fondo en el operativo oficial de copamiento de la CGT y trabajan para arrancar algún tipo de compromiso de impunidad al poder político.
Mentiras a granel
Esas declaraciones indagatorias, que los imputados prestaron al comienzo de la investigación, son escandalosamente comprometedoras. Por ejemplo: todos los ferroviarios imputados negaron conocer o tener algún tipo de relación con el barrabrava Cristian Favale. Sin embargo, Juan Carlos Fernández (el segundo de Pedraza en la estructura jerárquica de la Unión Ferroviaria ) había postulado su ingreso al ferrocarril y el día de los hechos mantuvo contacto telefónico con él.
Favale y el resto de los acusados (excepto Pedraza) participaron con la UF del acto convocado por Moyano en River -en el que Cristina Fernández fue la oradora central- pocos días antes del crimen de Mariano. Allí, Favale fue fotografiado muy cerca de Pablo Díaz. También integró el grupo que hostilizó a los tercerizados el 6 de septiembre de 2010 en el hall de Constitución. En las imágenes televisivas de ese día, aparece al lado de Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pipitó, Jorge González y Juan Carlos Pérez. Tampoco Gustavo Alcórcel reconoce relación con Favale, pero todo apunta a que fue quien organizó su llegada y la del resto de los barras a la estación Hipólito Yrigoyen. En la declaración que forma parte de la instrucción, Alcórcel no pudo explicar cómo es que -tratándose de "la primera vez que veía en su vida" a Favale- mantuviera con él nada menos que ¡40! comunicaciones vía Nextel en el curso de esa mañana y que luego, cerca de las 20 horas del día del crimen, volviera a llamarlo desde su teléfono celular.
Juan Carlos Pérez, el portero de los talleres de Remedios de Escalada que apretó a los periodistas de C5N, se refirió a Favale como "custodio" de Pablo Díaz y relató que cuando llegó a Barracas al frente de su grupo, Favale saludó afectuosamente a Alcórcel y que luego Díaz, Favale y Alcórcel mantuvieron una reunión aparte poco antes de la agresión final. Pablo Díaz fue quien "activó" la convocatoria de la patota aquel 20 de octubre: luego de comunicarse con Favale en horas de la mañana, éste inició una retahíla de llamados que el fiscal de instrucción interpretó como la reunión del grupo que luego lo acompañaría.
Finalmente, Favale mintió de cabo a rabo: aseguró haber concurrido desde Constitución, solo y por iniciativa propia, al "contrapiquete" de la Unión Ferroviaria. Está acreditado, sin embargo, que partió desde la zona sur con otras ocho personas a bordo de un auto, fue demorado en un control policial en el trayecto a Barracas por ese motivo tuvo que buscar otro vehículo. Por esa razón "llegaron tarde" al lugar de los hechos, según se ve en un video que le reprochan los patoteros de la UF. Las escuchas judiciales revelan que Favale "arregló" su declaración con Mario Giusti, directivo de la Unión Ferroviaria encargado de proveerle apoyo y asistencia económica.
También se dio lectura a un careo entre Favale y Sánchez, donde se acusan mutuamente de haber efectuado los disparos.
En buena medida, la estrategia de las defensas está apuntada a presentar la emboscada criminal como un "enfrentamiento". Varios de los imputados hicieron referencia (con nombre y apellido) a una persona que aseguró haber visto un tirador del lado de los manifestantes. La farsa no podría ser mayor: ¡la persona en cuestión ni siquiera fue presentada como testigo por las defensas!
Todo lo que aquí se reseña muy sucintamente forma parte de la instrucción judicial. Hoy (jueves) por la tarde, comienzan a declarar los testigos y están citados cuatro compañeros de Mariano: Gustavo Mendieta -abogado de los tercerizados-, Lisandro Martínez, Eduardo Belliboni y Nelson Aguirre -herido de bala durante la emboscada de la patota.
Esto recién empieza.
Esto recién empieza.
Jacyn
- EL "RELATO" DE LA IMPUNIDAD
Acerca de una columna de Mario Wainfeld
Ante el comienzo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, el kirchnerismo, con Cristina a la cabeza, ha presentado una versión de los hechos transcurridos desde el 20 de octubre de 2010 hasta la fecha, donde se presenta a sí mismos como el promotor del avance judicial y el encarcelamiento de la patota. Incurren en este relato interesado mientras sus negociaciones con Pedraza en la CGT-Balcarce y los negocios con éste en el ferrocarril siguen en pie.
El gobierno se coloca en las dos puntas del mostrador, lo cual tiene una lógica de hierro: le sirve como contención para los que luchan por la perpetua a la banda criminal comandada por Pedraza, buscando ´despolitizar´ el juicio; evita con ello que la causa avance hacia arriba -o sea hacia el grupo empresario Ugofe, los funcionarios políticos de la Secretaría de Transporte y los que tuvieron el mando político de la Policía (Aníbal Fernández). De ese modo, crea las condiciones para la impunidad de los jefes de la patota- (Pedraza en primer lugar) ya sea bajo forma de una absolución directa o, como plan B, de una pena menor por un delito menor. Son estos los objetivos que guían a muchos de los propagandistas K, especialmente a aquellos que hacen las veces de columnistas en Página 12.
El gobierno se coloca en las dos puntas del mostrador, lo cual tiene una lógica de hierro: le sirve como contención para los que luchan por la perpetua a la banda criminal comandada por Pedraza, buscando ´despolitizar´ el juicio; evita con ello que la causa avance hacia arriba -o sea hacia el grupo empresario Ugofe, los funcionarios políticos de la Secretaría de Transporte y los que tuvieron el mando político de la Policía (Aníbal Fernández). De ese modo, crea las condiciones para la impunidad de los jefes de la patota- (Pedraza en primer lugar) ya sea bajo forma de una absolución directa o, como plan B, de una pena menor por un delito menor. Son estos los objetivos que guían a muchos de los propagandistas K, especialmente a aquellos que hacen las veces de columnistas en Página 12.
Mario Wainfeld
Ello le cabe en su totalidad a la columna publicada por Mario Wainfeld en Página/12 del 10 de agosto titulada "El caso judicial y el fenómeno político". El texto presenta una versión de los hechos a la medida del kirchnerismo: "el trayecto previo ha sido más que satisfactorio" y afirma que "el gobierno cooperó en trances cruciales, tanto en la producción de la prueba de cargo cuanto en protección a ciertos testigos, también en dotar al juzgado de recursos materiales y humanos para cumplir sus funciones con celeridad y eficacia". Wainfeld omite los ataques propiciados por la presidenta desde el mismo día del asesinato de Mariano contra los manifestantes, a los que puso en un mismo nivel con los asesinos ("no quiero ni palos ni armas"). También omite las provocaciones realizadas el 23 de diciembre del 2010 en la estación Constitución, que llevaron a los compañeros ferroviarios de Mariano a la cárcel, y de las que participó su colega Horacio Verbitsky. HV llegó a fabular una inexistente participación de Pitrola en la negociación de los tercerizados en el ministerio de Trabajo, con el único objetivo de endilgarnos la responsabilidad sobre los incidentes que, como demostramos, fueron causados por la patota ferroviaria. Tampoco hace referencia a las conversaciones entre Tomada y Pedraza, una vez ocurrido el asesinato de Mariano, para conspirar juntos contra los tercerizados que pugnaban por pasar a planta permanente.
Mario Wainfeld presenta como "modelo" el proceso judicial, cuando hay grandes responsables que no están sentados en el banquillo de los acusados. La empresa Ugofe, que otorgó licencias para que la patota produzca la agresión, ha quedado al margen del proceso cuando, además, era una de las principales implicadas en los negocios tercerizadores. Otro tanto ocurre con los funcionarios de la Secretaría de Transporte (Jaime, Schiavi y Luna, subsecretario de transporte ferroviario que responde a la burocracia sindical ferroviaria y que aún sigue en su puesto) y los jefes políticos de la Federal. Estas no son `limitaciones´ del proceso, sino un armado consciente para salvar la responsabilidad de la clase capitalista y del Estado en lo que fue, a todas luces, un crimen político contra la clase obrera. La ´despolitización´ del juicio apunta en esa única dirección: la impunidad.
Vale recordarle a Mario Wainfeld que Pedraza, cuando aún estaba en libertad, quiso coimear a la Justicia para que libere a la patota y asegurarse de ese modo que si era procesado podría zafar de la cárcel. Es cierto que gracias a escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia esa coima no se pudo consumar. Pero los coimeros siguen siendo beneficiados con la concesión del principal ferrocarril del país, el Belgrano Cargas. En su directorio no sólo está la mujer de Pedraza, sino también el tesorero de la Unión Ferroviaria , Angel Stafforini, que ocupa la vicepresidencia de la empresa, y fue pescado infraganti cuando le daba U$s 50.000 al ex juez Aráoz de Lamadrid con destino a los jueces que debían decidir sobre la libertad de la patota. El gobierno ha dejado intacto el poder económico de Pedraza, del cual se vale para lograr la absolución en el juicio.
A Mario Wainfeld no le ha parecido conveniente dedicar ni una sola línea a las negociaciones del gobierno con Pedraza, quien manda cartas desde la cárcel que son tenidas en cuenta por su ex abogado y ministro Tomada para convalidar las impugnaciones presentadas por los burócratas de la CGT-Balcarce. De hacerlo, su "relato" se iría derechito por el sumidero.
La conclusión que extrae Wainfeld es que, si el proceso judicial ha sido ejemplar ahora, hay que dejar hacer a la Justicia. Reclamar "perpetua para Pedraza", como lo hacen las organizaciones populares que se movilizaron en todo el país el pasado 6 de agosto, podría ser una interferencia tan innecesaria como inadecuada. Por eso realiza una afirmación temeraria: "no es justo decir que Pedraza es culpable de homicidio, hoy y aquí". Agrega que "Pedraza pudo haber incurrido en conductas extremas"; pero el "pudo" admite también el "no pudo". De esta forma anticipa que si la Justicia finalmente libera al capo de la Unión Ferroviaria , no habrá nada que objetar, porque el proceso fue ejemplar y no tenemos pruebas para asegurar su culpabilidad.
El operativo de impunidad tiene varias puntas. Una de ellas es de los que abren el paraguas antes de que llueva, preparando el terreno para un fallo que deje a los máximos responsables libres. Las otras puntas son los que le aseguran a la patota preservar sus beneficios económicos y políticos. Todas ellas están dentro del gobierno.
Ello le cabe en su totalidad a la columna publicada por Mario Wainfeld en Página/12 del 10 de agosto titulada "El caso judicial y el fenómeno político". El texto presenta una versión de los hechos a la medida del kirchnerismo: "el trayecto previo ha sido más que satisfactorio" y afirma que "el gobierno cooperó en trances cruciales, tanto en la producción de la prueba de cargo cuanto en protección a ciertos testigos, también en dotar al juzgado de recursos materiales y humanos para cumplir sus funciones con celeridad y eficacia". Wainfeld omite los ataques propiciados por la presidenta desde el mismo día del asesinato de Mariano contra los manifestantes, a los que puso en un mismo nivel con los asesinos ("no quiero ni palos ni armas"). También omite las provocaciones realizadas el 23 de diciembre del 2010 en la estación Constitución, que llevaron a los compañeros ferroviarios de Mariano a la cárcel, y de las que participó su colega Horacio Verbitsky. HV llegó a fabular una inexistente participación de Pitrola en la negociación de los tercerizados en el ministerio de Trabajo, con el único objetivo de endilgarnos la responsabilidad sobre los incidentes que, como demostramos, fueron causados por la patota ferroviaria. Tampoco hace referencia a las conversaciones entre Tomada y Pedraza, una vez ocurrido el asesinato de Mariano, para conspirar juntos contra los tercerizados que pugnaban por pasar a planta permanente.
Mario Wainfeld presenta como "modelo" el proceso judicial, cuando hay grandes responsables que no están sentados en el banquillo de los acusados. La empresa Ugofe, que otorgó licencias para que la patota produzca la agresión, ha quedado al margen del proceso cuando, además, era una de las principales implicadas en los negocios tercerizadores. Otro tanto ocurre con los funcionarios de la Secretaría de Transporte (Jaime, Schiavi y Luna, subsecretario de transporte ferroviario que responde a la burocracia sindical ferroviaria y que aún sigue en su puesto) y los jefes políticos de la Federal. Estas no son `limitaciones´ del proceso, sino un armado consciente para salvar la responsabilidad de la clase capitalista y del Estado en lo que fue, a todas luces, un crimen político contra la clase obrera. La ´despolitización´ del juicio apunta en esa única dirección: la impunidad.
Vale recordarle a Mario Wainfeld que Pedraza, cuando aún estaba en libertad, quiso coimear a la Justicia para que libere a la patota y asegurarse de ese modo que si era procesado podría zafar de la cárcel. Es cierto que gracias a escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia esa coima no se pudo consumar. Pero los coimeros siguen siendo beneficiados con la concesión del principal ferrocarril del país, el Belgrano Cargas. En su directorio no sólo está la mujer de Pedraza, sino también el tesorero de la Unión Ferroviaria , Angel Stafforini, que ocupa la vicepresidencia de la empresa, y fue pescado infraganti cuando le daba U$s 50.000 al ex juez Aráoz de Lamadrid con destino a los jueces que debían decidir sobre la libertad de la patota. El gobierno ha dejado intacto el poder económico de Pedraza, del cual se vale para lograr la absolución en el juicio.
A Mario Wainfeld no le ha parecido conveniente dedicar ni una sola línea a las negociaciones del gobierno con Pedraza, quien manda cartas desde la cárcel que son tenidas en cuenta por su ex abogado y ministro Tomada para convalidar las impugnaciones presentadas por los burócratas de la CGT-Balcarce. De hacerlo, su "relato" se iría derechito por el sumidero.
La conclusión que extrae Wainfeld es que, si el proceso judicial ha sido ejemplar ahora, hay que dejar hacer a la Justicia. Reclamar "perpetua para Pedraza", como lo hacen las organizaciones populares que se movilizaron en todo el país el pasado 6 de agosto, podría ser una interferencia tan innecesaria como inadecuada. Por eso realiza una afirmación temeraria: "no es justo decir que Pedraza es culpable de homicidio, hoy y aquí". Agrega que "Pedraza pudo haber incurrido en conductas extremas"; pero el "pudo" admite también el "no pudo". De esta forma anticipa que si la Justicia finalmente libera al capo de la Unión Ferroviaria , no habrá nada que objetar, porque el proceso fue ejemplar y no tenemos pruebas para asegurar su culpabilidad.
El operativo de impunidad tiene varias puntas. Una de ellas es de los que abren el paraguas antes de que llueva, preparando el terreno para un fallo que deje a los máximos responsables libres. Las otras puntas son los que le aseguran a la patota preservar sus beneficios económicos y políticos. Todas ellas están dentro del gobierno.
Gabriel Solano
- ¿TERRITORIO LIBERADO O CONNIVENCIA ACTIVA?
Siempre hemos denunciado que en el crimen de Mariano hubo territorio liberado por parte de la policía. Tras las dos primeras jornadas, donde escuchamos cada detalle de la acusación y vimos los videos de los manifestantes, de C5N y de la propia policía, la conclusión nos lleva más lejos. La policía siempre actuó en coordinación con la patota, a metros de ella. "Tomó partido por el sector de la Unión Ferroviaria ", en palabras de la acusación de la propia Justicia. La patota accionaba como dueña y señora en las vías con tropas policiales que se desplazaban con ella. Luego, cuando la patota quedó en privilegiada posición -en lo alto de las vías-, formaron una valla de contención en la calle de abajo para frenar a los manifestantes que resistían, como podían, soportando una lluvia de piedras y bulonazos que les arrojaban los patoteros desde lo alto. Pero, además, en ese momento tropas de infantería -que se hicieron humo a la hora del crimen- atacaron con balas de goma a los manifestantes. Al punto de que a uno de ellos se le escuchó decir a la policía: "¿qué buscan, un muerto?". Sabido es, y lo pudimos ver ahora en la sesión judicial, que la policía filmó todo -aunque capciosamente-; pero lo interrumpe en el momento en que la patota, reforzada, avanza y toma posición de tiro. En tanto, un cabo de calle que arribó al lugar -de apellido Maldonado-, viendo la situación llamó al 911 -tal consta en la causa y se leyó en la sesión-, para pedir refuerzos. Le contestaron que se atuviera a las órdenes de los comisarios actuantes en el lugar, Mansilla y Ferreyra. Mansilla informó a central -consta en la acusación- que estaba todo tranquilo, que era innecesario un refuerzo y que la "gente de la Unión Ferroviaria bajaba en forma pacífica". Recordemos: ellos bajaron para matar, directamente. En esos momentos un sector identificado de la patota rodeaba a C5N para impedirle filmar, justamente, la escena del crimen. La policía ignora esa situación que en la causa mereció la calificación de "coacción agravada". Luego, lo conocido. Se cortaron las comunicaciones en el momento de la balacera. Permitieron el repliegue de la patota, el guardado de las armas y la fuga. Esto trasciende -y en mucho- al clásico "territorio liberado". Naturalmente, tomamos esta expresión desde el inicio porque la policía permitió que se cometiera el crimen. Pero estamos frente a la connivencia activa de todo un operativo policial, con consultas a jefatura incluidas. La calificación de la fiscalía de "abandono de persona seguida de muerte" se contrapone en realidad con la propia acusación, sus fundamentos y los videos y testimonios de la causa. La policía fue, como sostienen nuestros abogados, "partícipe necesaria" del crimen político de Mariano Ferreyra. Los ya acusados tienen que ser juzgados por estos cargos y deben ser indagadas las jefaturas superiores que monitorearon la operación y deben dar cuenta los responsables políticos, dirigidos en ese momento por Aníbal Fernández.
Julio Romano
- DOS COMISARIOS
Al cierre de esta edición, los policías implicados marchan por el mismo camino que Pedraza y sus matones: los comisarios Mansilla y Lompizano tampoco accedieron a la indagatoria ni a responder preguntas de las partes y las defensas del resto de los policías anticiparon que sus representados tampoco declararán -con excepción de Garay, que "lo está meditando".
El comisario Lompizano -ascendido y luego destituido meses después del crimen de Mariano por negarse a colaborar en el allanamiento de prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires- descargó responsabilidades sobre los jefes del operativo policial. Un dato: tanto Mansilla como Lompizano -los dos policías que comparecieron el miércoles 15 y se negaron a declarar- están "pasados a disponibilidad" y siguen cobrando sus salarios de entre 15 y 18 mil pesos mensuales. La dirección de asuntos jurídicos del Ministerio de Seguridad les proveyó asistencia jurídica gratuita durante un año después del crimen de Mariano.
El lunes 13 se realizó un acto y conferencia de prensa unitario en la estación Constitución para denunciar las intimidaciones de la lista verde de Pedraza en la semana del inicio del juicio por Mariano.
- ACTO EN CONSTITUCIÓN CONTRA LAS INTIMIDACIONES DE PEDRAZA Y LA PATOTA
Ante el propio tribunal, abogados querellantes denunciaron amenazas sufridas por un testigo de la causa. Por otra parte, la línea Roca se cubrió de carteles de la Verde por la "Libertad a los presos", pegados y repuestos constantemente en lugares en los que sólo se puede pegar con el acuerdo de la empresa Ugofe. El viernes a la madrugada fue destruido el cerámico en homenaje a Mariano Ferreyra, colocado allí hace más de un año y medio por trabajadores de la cerámica Zanón.
Más de quinientos compañeros se hicieron presentes, en lo que Néstor Pitrola llamó "apenas un testimonio del movimiento popular que está en sintonía con la exigencia de perpetua para los responsables". Estuvo el PO, el PTS, el MST, la Asociación de ex-Detenidos Desaparecidos, la Fuba , Suteba Escobar, Suteba La Plata Legítimo , Sitraic, Ate Quilmes, Sindicato Ceramista de Neuquén, Junta Interna del Hospital Garrahan, Comisiones Internas de Morvillo, Interpack, TVB, Kraft, Kimberly-Clark y otros. Hubo una presencia importante de ferroviarios efectivos y tercerizados, de JB, de las agrupaciones Causa Ferroviaria del Roca, Sarmiento y Tren de la Costa , Bordó del Roca, Obreros del Riel del Sarmiento.
Con una importante presencia de medios de comunicación, se denunció el accionar de la patota y se repusieron las cerámicas. En la apertura del acto, Marcelo Ramal relacionó las intimidaciones con la reciente solicitada de la Unión Ferroviaria , que proclama una solidaridad "sin condiciones" con la patota, o sea, con independencia de su culpabilidad en el crimen de Mariano. Denunció también que la patota continúa actuando con los inmensos recursos económicos y políticos que devienen de co-gerenciar el ferrocarril junto a los privatizadores y al gobierno. Los oradores hicieron responsables de la seguridad de los testigos a la Presidenta y a la ministra Garré y reiteraron la exigencia de que se vayan Antonio Luna, la burocracia sindical y la Ugofe. Todos impulsaron la continuidad de la movilización por justicia, unida a la necesidad imperiosa de terminar con la burocracia sindical, la tercerización y los negociados con las empresas privatizadas en el transporte público.
Corresponsal
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